En una Argentina donde las variables constantes han sido la incertidumbre, la inflación y la devaluación, nos encontramos transitando un 2018 que no ha sido la excepción.

Ante un nuevo salto brusco del precio del dólar, circunstancia que nos viene aquejando desde inicios del segundo trimestre, el Gobierno optó por implementar una serie de medidas tendientes a la recuperación de la tan deseada “confianza del inversor”, un recurso casi no renovable en nuestro país.

Entre las medidas anunciadas se encuentra la eliminación de las Lebac, a susplantarse por las Leliq o Nobac, para el caso de los bancos y por las LETES para los pequeños ahorristas. Por otro lado, El BCRA subió de 40% a 45% la tasa de política monetaria en respuesta a la coyuntura externa actual y el riesgo de un nuevo impacto sobre la inflación doméstica, con el fin de incentivar a que los inversores continúen invirtiendo en instrumentos financieros en pesos evitando así, la compra tempestiva de dólares.

Por lo antes mencionado, el vencimiento de Lebac, que tuvo lugar el pasado 14 de agosto el cual no será renovado según declaró el BCRA, dejó libres $100.000 millones en el mercado. A su vez, estarían en condiciones ahora de subastar USD 500 millones de sus reservas (medida no habilitada por el FMI tiempo atrás) en un intento de mantener bajo control la suba del tipo de cambio.

En cuanto a las intervenciones arriba mencionadas, el mismo Caputo explicaba: «Nuestro mecanismo de intervención cambiaria será a través de licitaciones y no el de intervenciones esporádicas decididas desde la mesa de dinero. En principio, estarán muy relacionadas con las licitaciones de Lebac toda vez que estaremos liberando pesos al mercado«.

Continuando con las medidas tendientes a generar el ahorro fiscal que le permita al Gobierno prescindir del financiamiento externo, es el turno ahora de la “reducción de los reintegros a las exportaciones» en un 66%. El fundamento de tal medida tiene lugar en la reforma tributaria y el pacto fiscal, que reducen los impuestos al cheque y a los ingresos brutos, generando así el espacio para que dichos reintegros puedan ser reducidos. Al mismo tiempo, se elimina el fondo federal solidario y se deja de transferir a las provincias y municipios lo recaudado en concepto de derechos de exportación a la soja que ascendían al 30%. El mismo será reemplazado con el aumento de la co-participación, pasando de 24 a 34%. El objetivo es quitar presión impositiva a todos los sectores productivos y ganar competitividad.

En este mismo sentido, anunciaron a su vez que, si bien la baja prevista en las retenciones a los granos se mantiene, la misma se suspende por seis meses para aceites y harinas. Al respecto, es importante resaltar que las alícuotas a la soja (porotos) se redujeron desde enero pasado un 0,5% mensual y actualmente está en 26%, previendo su convergencia al 18% en diciembre de 2019.

Lo que se busca finalmente es lograr un ahorro fiscal tal que, a partir de una mejor solvencia a nivel país, brindar mayor seguridad a los inversores toda vez que la Argentina ya no necesitaría recurrir al exterior para financiar sus gastos.